medios altenativos medios ciudadanos

Elaborado por Lázaro Figueroa Reyes

En tanto término académico, medios ciudadanos pertenece a una familia extensa de conceptos entre los que cabe incluir ‘medios comunitarios medios alternativos, medios autónomos, medios participativos y medios radicales entre otros. El término medios ciudadanos surge del encuentro que se da entre los estudios académicos de las décadas de 1980 y 1990 sobre comunicación y cultura en América Latina y la propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC) a finales del los setenta. Durante la década de 1980, los estudiosos de la comunicación y la cultura en América Latina propusieron marcos teóricos alternativos justamente para entender mejor los procesos culturales, comunicacionales y mediáticos.

Los ciudadanos son aquellos que asumen su ciudadanía mediante la participación y prácticas de políticas cotidianas en todo suceso local, es con este planteamiento que de Mouffe que Clemencia Rodríguez, propone el término Medias Ciudadanos para describir a los medios que promueven procesos simbólicos que le permiten a la gente designar y expresar el mundo desde sus propios términos, de narrar sus propias ideas y de nombrar al mundo con sus propias palabras,Se trata de forjar juntos y juntas temáticas, historias, experiencias en sus propios términos de interés temático y expresión como significado de entretejer comunidad, es un proceso de producción compartida, aprendiendo haciendo.

Medios que están abierto a las transformaciones, que facilita los cambios dentro de la sociedad, que facilita que los pobladores de las diversas comunidades se puedan interrelacionar y dar a conocer sus propias vivencias, y en esa medida buscar juntos el desarrollo desde las sociedades, fortaleciendo así sus diferentes procesos, pero siempre respetando sus culturas y sus cosmovisiones.

los estudios latinoamericanos sobre comunicación y cultura abandonaron la “torre de marfil” de la academia y propusieron en cambio un tipo de estudio profundamente comprometido con los movimientos indígenas, obreros, estudiantiles, de mujeres y jóvenes que generan movilizaciones políticas y profundas transformaciones sociales, económicas y culturales en la región a partir de la década de 1970 (Rodríguez & Murphy, 1997).

A finales de esa misma década de los 80, representantes de países del tercer mundo expusieron ante la UNESCO y las Naciones Unidas un panorama de inequidades respecto a las comunicaciones a nivel global. Protestaban por una situación en la que el flujo de la información y la comunicación de los países del primer mundo hacia los del tercero era muchísimo más pronunciado que viceversa, y la infraestructura en comunicaciones en estas últimas naciones. (Clemencia Rodríguez - De medios alternativos a medios ciudadanos).

En consecuencia, la UNESCO encargó la redacción de lo que en 1980 se conoció como el Informe MacBride, documento que fue traducido a muchos idiomas y ampliamente distribuido y discutido a lo largo y ancho del planeta. El informe demostró que la mayor parte del tráfico mediático global estaba controlado por unas pocas corporaciones transnacionales de medios de comunicación en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. El Informe MacBride también reveló que las comunicaciones en sentido horizontal, es decir, sur-global-a-sur-global, eran prácticamente inexistentes (Hamelink, 1997; MacBride Report 1980/2004).

El fracaso del NOMIC dio origen a una forma de repensar la democratización de los medios desde una perspectiva de base, más cercana a la gente y a las comunidades tercermundistas que a las agencias de prensa, los grandes medios y las políticas nacionales de información. Esta nueva perspectiva visualiza a los movimientos sociales y las organizaciones de base, con sus propios medios de comunicación alternativos, como los nuevos actores claves en el proceso de democratización de las comunicaciones.

En la actualidad, el término medios ciudadanos se percibe como problemático. A pesar de que mi definición dista del concepto estatal de ciudadanía, el término tiene connotaciones ineludibles de inclusión y exclusión en función del estatus legal de los derechos del ciudadano: un estatus negado sistemáticamente a millones de personas por causa de su nacionalidad, su cualificación laboral, su posibilidad de acceso a los servicios de salud o su orientación sexual.

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