Utopia para los excluidos

Utopía para los excluidos
Propiedad y territorio en la constitución de 1.991
María Mercedes Maldonado Copello – Universidad de los Andes

Esta lectura inicialmente nos ilustra sobre la reglamentación de la propiedad, elementos establecidos en la constitución Colombiana del año 1.991, considerada como uno de los pactos políticos más importantes. Se refiere al tema de la reglamentación de la propiedad, pensada como un avance de la humanidad desde la superación de las formas de dominación desde la época feudal, hasta llegar a la civilización.

Sin embargo el autor considera que en el proceso de estructuración de las leyes para el acceso a la propiedad, se rompieron diversas relaciones entre los seres humanos y el arraigo a la tierra, donde se afectaron principios fundamentales de comunidad y responsabilidad compartida, es decir que las políticas de propiedad modernas, separan las personas de la tierra y suprimen en ellas, el pensamiento de ser parte de la misma, con este desprendimiento la legislación está limitando el real acceso a la propiedad territorial, se da una propiedad relativa. De esta manera según lo plantea el autor, la constitución del 91, con la separación del ser humano de la tierra, abrió la puerta para que la propiedad circule como un producto libre en el mercado y de esta manera se diera la especulación y la de la mercantilización.

Sin un sentido de comunidad, el individuo es visto como centro del universo y los bienes quedan sometidos a la ley de un solo ocupante sin ninguna obligación colectiva. De esta manera la propiedad define una centralización de los derechos sobre la tierra, el derecho a la propiedad rompe las ideas de permanecía y duración, de esta manera la propiedad desde la mirada occidental, se caracteriza por la ausencia de obligaciones colectivas y se caracteriza por un intercambio mercantil.

Retos éticos y políticos.

Se plantea que la constitución Colombiana de 1.991, es la que más derechos reconoce, sin embargo estos derechos están enmarcados en el individualismo. Un elemento importante a destacar es la inclusión de deberes y derechos relacionados a la solidaridad en las relaciones con la tierra y la propiedad, donde se define la propiedad como una función social, que al mismo tiempo implica obligaciones ecológicas, con lo cual se amplía a los derechos colectivos, al medio ambiente, al deber de protección de las riquezas culturales y naturales en el sentido de patrimonio. Esto permitirá cambiar la idea de la propiedad como una concepción de poder excluyente y sin responsabilidades.

El derecho escrito a través de la constitución de 1.991, genero una herramienta jurídica, que bien se deberían aprovechar para modificar conductas que permitan una práctica de vida de reconocimiento real a la diversidad en el encuentro con el otro para hacer efectivo el planteamiento constitucional.

Ley orgánica de ordenamiento territorial
Mauricio Vasco – Universidad Nacional de Colombia

El autor nos comparte su mirada sobre el establecimiento de los proyectos de ley pensados en el desarrollo y funcionamiento de las entidades territoriales, a partir de la constitución del año 91, estas propuestas retoman y ratifican las entidades territoriales ya creados en la constitución de 1.991 como los departamentos y municipios y se incluyen las regiones, provincias y las entidades territoriales indígenas.
De esta manera se reconocen las minorías, lo indígena y el regionalismo, sin embargo no queda claramente definida la relación entre dichas entidades y del Estado con las entidades territoriales.

Desde el ordenamiento territorial se plantea un ajuste de la división político administrativa de los territorios a través de las entidades a través de los desarrollos constitucionales, es decir un nuevo enfoque en los cambios de ocupación del territorio, como resultado de una acción humana y de la naturaleza.

Etnia, Cultura, Territorio y conflicto armado en el Pacifico Colombiano
Rudesindo Castro Hinestroza
Organización de Comunidades Negras

En este capítulo el autor menciona que a partir de la intransigencia e intolerancia en la clase política del país, históricamente se ha generado un gran ciclo de violencia política, evidente desde el sistema colonial esclavista en los años de 1.550, época desde la cual los pueblos afros fueron despojados de su identidad y fueron sometidos al exterminio masivo a través de la esclavitud.
De igual manera durante las guerras civiles en 1.810, generadas por las rivalidades partidistas. Posteriormente el periodo de violencia en Colombia en la década de 1.920, marcada por el conflicto agrario frente a la tenencia y derecho a la tierra, originándose los primero movimientos campesinos en el país. Desde entonces los conflictos por la posesión de la tierra han sido una constante en la historia nacional, donde se han visto involucrados terratenientes, colonos, asalariados campesinos, indígenas y afrocolombianos

La insurrección armada que plantea un cambio y control ideológico, político y militar desde la lucha de clases, demandas que no son compatibles con el régimen y generando una disputa mayor. Estos escenarios históricos de violencias evidenciados en el país, generan inquietudes en el autor sobre las verdaderas intenciones de paz entre los grupos que han permanecido históricamente en permanente conflicto, donde más allá de una disputa por el poder, se conjugan intereses territoriales, económicos y políticos fundamentalmente.

¿Cómo los sectores minoritarios del país y los más afectados históricamente por estas disputas como las comunidades afrocolombianas, pueden favorecerse de los diálogos de paz y los acuerdos, cuando han sido excluidos de estos espacios y no cuentan con las garantías jurídicas ni políticas?.

El autor menciona que la comunidad afrocolombiana conforma aproximadamente el 25% de la población nacional y en su mayoría se encuentran ubicadas en zonas estratégicas donde se concentran la mayor cantidad de recursos naturales y por tal razón sus territorios han sido convertidos en muchas ocasiones a través de las políticas gubernamentales en zonas de extracción de recursos, lo que ha llevado a la población afrocolombiana a concentrase en centros urbanos, renunciando al territorio como el espacio biofísico que han venido reconstruyendo. De igual forma la incursión de grupos armados amenaza gravemente la permanencia y convivencia de las comunidades afrocolombianas en sus territorios. Existe un gran desconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas, la discriminación, la marginación, la exclusión, la falta de garantías y mecanismos efectivos de participación y decisión vienen debilitando peligrosamente el tejido social de las comunidades afrocolombianas.

Regiones como el Choco, habitada más del 60% por la población afrocolombiana, es el territorio con mayor índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, mortalidad infantil, alto índice de enfermedades, analfabetismo, víctimas de asesinatos y desplazamiento forzado, comunidades en extrema pobreza donde el ingreso per capia es tres veces más bajo que en resto del país. Menciona le autor que la población afrocolombiana es la que presenta mayores riesgos por la falta de garantías de sus derechos fundamentales y los derechos territoriales, económicos, sociales y culturales son vulnerados impunemente, sin embargo los territorios donde habitan las comunidades afrocolombianas olvidadas y desprotegidas son presionados por políticas y planes de desarrollo, para la apertura de vías de acceso, implementación de proyectos turísticos y de explotación, lo que va reduciendo cada vez más el territorio de estas comunidades.

Rudesindo Castro Hinestroza, integrante de la Organización de Comunidades Negras y autor de este capítulo, menciona como fortaleza la gran fuerza organizativa desarrollada a través de los consejos comunitarios y las propiedades colectivas, pensadas para proyectar un modelo de desarrollo propio como única esperanza para la continuidad de su existencia, donde se destacan las propuestas de “Faros ecológicos y las Unidades familiares productivas sostenibles”, como estrategia no solo de seguridad alimentaria, si no como recomposición del tejido social, conservación de la biodiversidad y resistencia pacífica en el territorio.

Finalmente y ante el difícil panorama que enfrentan las comunidades afrocolombianas, Rudesindo Castro, nos convoca a la creación conjunta de una sociedad diferente y justa, donde el bien común sea también el bien individual y donde el valor de la vida este por encima de los interese económicos, donde la vida no esté al servicio de la economía y de intereses individuales, si no que la economía sea construida para el beneficio de los seres humanos.

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